Convencidos de que menos corrupción haría de la sociedad actual un mejor lugar para vivir con dignidad, pasamos a proponer algunas acciones coherentes con una finalidad.
- Combate a la impunidad: Como hemos visto, nada incentiva más la corrupción que dejar sin castigo a quienes utilizan su situación de privilegio para acumular fortunas ilegítimas. Parar este mal, evitando que se convierta en cultura de la administración pública, exige un sistema normativo riguroso, un aparato judicial idóneo y la voluntad firme de los gobiernos. Al Estado dominicano hay que reconocerle haber fortalecido en los últimos años los controles de la función pública mediante diversas disposiciones legales, entre ellas las siguientes: Ley No. 120-01 sobre el Código de Ética del Servidor Público; Ley No. 200-04 que regula el Libre Acceso a la Información Pública; Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas; Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios Públicos; Ley núm. 340-22 que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos.
- Fortalecimiento del sistema normativo: Una falencia importante de las leyes para prevenir y sancionar la corrupción es la suavidad con que trata el delito, aparte de las porosidades dejadas por el legislador en la parte reglamentaria. Esta situación les facilita el trabajo a juristas habilidosos en la materia que suelen accionar a favor de los imputados. Con sanciones más severas y menor ambigüedad de la norma, habría menos servidores públicos y asociados dispuestos a correr el riesgo de ser sancionados moral y penalmente.
- Empoderamiento ciudadano: Para avanzar en el propósito de construir sociedades más decentes y justas es indispensable que más ciudadanos y ciudadanas se involucren en la lucha en contra de la corrupción. Es necesaria la creación de foros para el debate en torno a este flagelo, más veeduría ciudadana de las decisiones que se toman en las instancias de poder, mayor participación de la gente con denuncias y presión social a través de las redes sociales por mayor transparencia de los servidores públicos. Conviene que las comunidades identifiquen a sus representantes electos y los comprometan a rendir cuentas de sus ejecutorias. Asimismo, se debe habilitar la figura constitucional del referendo revocatorio, que se pueda aplicar a cualquier funcionario ligado a actos reñidos con la ética pública.
- Elevar la calidad y dignidad del servidor público: Entre los factores que degradan la eficiencia y la moral en el servicio público están la inestabilidad en la posición y baja remuneración que se recibe. Cuando el servidor está inconforme con lo devengado y, además, sabe que su permanencia en el puesto depende más de las relaciones que de la eficiencia, aumentan las probabilidades de corromperse. Mejores condiciones de trabajo en el ámbito público atraerían a personas más idóneas para las posiciones, que a la vez tendrían un mayor interés en conservarlas.
Es necesario unir voluntades a favor de esa mejor sociedad a que aspiramos. Se impone que los gobiernos, grupos organizados de la sociedad civil, organismos internacionales en pro del bienestar y la ciudadanía en general hagan causa común para erradicar la corrupción.